La Seguridad Social, en sus comprobaciones anuales de las pensiones con complementos a mínimos, ha detectado pagos indebidos a más de 65.000 pensionistas en los últimos meses. Las cifras corresponden a 2012, pero según fuentes consultadas por elEconomista podrían estar engrosadas por algunas comprobaciones de 2011, ejercicio en el que sí se realizó la fiscalización habitual de este tipo de percepciones, pero del que no se comunicaron datos al coincidir la fecha habitual de salir éstos a la luz con la proximidad de las elecciones generales.
Con todo, la cifra de 65.287 perceptores indebidos de complementos a mínimos se sitúa dentro de la horquilla habitual en los últimos tiempos. El impacto para las arcas públicas de esta fuga supera los 117 millones de euros.
Los complementos a mínimos son las cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de pensiones contributivas que no llegan a un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de completar la pensión hasta una cantidad aceptable de subsistencia. La situación económica y los ingresos de los perceptores puede variar y expulsarles de la condición de receptor del complemento. Por eso se verifica anualmente, solicitando datos a los beneficiarios, y se cruzan datos entre Hacienda y Seguridad Social de modo que se evite la perpetuación del pago del complemento en los casos en los que deja de ser procedente.
El fraude se reduce
Fuentes conocedoras de la mecánica habitual de procesamiento explican a elEconomista que se han logrado muchos avances en la reducción del fraude en este tipo de percepciones. Cada vez hay más reticencia de los pensionistas a seguir diciendo que no llegan al umbral mínimo de rentas por las consecuencias que depara ser descubiertos y todos los datos fiscales que salen a relucir.
La última cifra, en su mayoría correspondiente a 2012, es inferior a la registrada un ejercicio antes, con 10.000 afloramientos menos.
Las tareas de comprobación, fiscalización y cruce de datos se realizan anualmente desde 1997, aunque se instauraron en 1995, pero precisan dos años de decalaje para poder disponer y cruzar los datos de las declaraciones de Hacienda con los de la Seguridad Social. Nunca se ha congelado la comprobación anual, aunque sí se han podido producir comunicaciones demoradas de la criba obtenida.
En 2010, se efectuaron 822.000 controles, se suspendieron cautelarmente 54.000 casos y se extinguieron los complementos a mínimos a 50.000 pensionistas.
CORDIALMENTE, ANTONIO CÁNOVAS GÓMEZ
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