domingo, 26 de diciembre de 2010

¿ES OBLIGATORIA LA TARJETA PROFESIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (TPC)?

TRAS EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO ¿ES OBLIGATORIA LA TARJETA PROFESIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (TPC)?

 
En el artículo 10.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y en el artículo 10 del reglamento de desarrollo (Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), se autoriza a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal para regular la forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador sobre prevención de riesgos laborales en el sector de construcción, lo que podrá hacerse mediante la expedición de una cartilla o un carné profesional para cada trabajador, que será único y con validez en el conjunto del sector y en todo el territorio nacional.

Tarjeta Profesional de la construcción que se regula en los artículos 159 a 170 del IV Convenio General del Sector de la Construcción, y en cuya Disposición transitoria 4.ª se establece que esa tarjeta será obligatoria a partir del 31 de diciembre del año 2011.

Ha sido ese carácter obligatorio de la tarjeta a partir del 31 de diciembre de 2011 lo que ha motivado que el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de octubre de 2010procediese a anular la Disposición transitoria 4.ª del IV Convenio General del Sector de Construcción. Para la anulación de esa disposición del Convenio General del Sector de Construcción el Tribunal Supremo parte de tres argumentos esenciales:

- En primer lugar, es nulo ese precepto porque supone una limitación del derecho al trabajo, la que tendría que ser establecida por la ley en virtud de la reserva que consagra el artículo 53.1 de la Constitución, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, no contiene tal restricción, pues se limita a regular una forma de acreditación de la formación específica.

- En segundo lugar, el efecto que se produciría como consecuencia de una norma como la contenida en la disposición transitoria cuarta sería el de una reserva de empleo, que, aparte de exigirse una ley para su establecimiento (artículo 17.2 del Estatuto de los Trabajadores), llevaría al absurdo de hacer imposible la contratación de quienes no han sido previamente trabajadores del sector de la construcción.

- En tercer lugar, es clara la falta de competencia del convenio colectivo para introducir esta regulación que afecta, no a la mera acreditación de una formación laboral, sino a la creación en la práctica de un título habilitante de la contratación, lo que no es materia propiamente laboral a efectos del artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Adicionalmente en esa sentencia de 27 de octubre de 2010, en función de las exigencias constitucionales del derecho a la intimidad (artículo 18 de la Constitución), y de las prescripciones del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, donde se exige el consentimiento expreso del interesado para el tratamiento y cesión de datos personales, así como de las exigencias de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se afirma que en la tarjeta profesional de la construcción se hará constancia, en su caso, que se han realizado los reconocimientos médicos encaminados a la prevención de riesgos de la salud, sin que se tenga que recoger información sobre su contenido o sobre los resultados de éstos.



CORDIALMENTE, ANTONIO CÁNOVAS GÓMEZ

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PROHIBIDO FUMAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS Y COLECTIVOS

 
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva ley del tabaco por la que, a partir del 2 de enero de 2011, estará prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre. De modo que, a partir de su entrada en vigor, no se podrá fumar en bares, restaurantes, terrazas, aeropuertos, parques infantiles, colegios, etc, aunque sí se permitirá en algunos espacios como en las universidades, centros de educación de adultos o en clubes privados de fumadores.

A pesar de haber sido aprobada en su versión más restrictiva, el Pleno ha incorporado a este texto, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, dos enmiendas del Senado para facilitar su venta:

Así, la primera enmienda permite vender productos del tabaco a través de máquinas expendedoras ubicadas en los quioscos de prensa y en los locales que tengan como principal actividad la venta de prensa, así como la venta manual de cigarros si poseen autorización del Comisionado para el Mercado de Tabaco.

En cuanto a la segunda, permite que las tiendas libres de impuestos autorizadas en puertos y aeropuertos y los puntos de venta con recargo situados en municipios fronterizos terrestres continúen su actividad de venta de tabaco.


viernes, 24 de diciembre de 2010

Fwd: MUCHAS FELICIDADES


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LE DESEAMOS

FELICES FIESTAS

Y APROVECHAMOS

PARA AGRADECERLES SU CONFIANZA

A LO LARGO DE ESTE AÑO

CON LA ESPERANZA 

QUE EL 2.011

NOS PROVEA DE SALUD

Y QUE PODAMOS VER CUMPLIDOS

NUESTROS DESEOS

 

jueves, 16 de diciembre de 2010

LOS REGALOS Y EL CODIGO PENAL

(Noticia extraída de Cinco Días)

El día de Nochebuena traerá este año un regalo envenenado a los millones de empresas que operan en España y a sus trabajadores. La reforma del Código Penal, que entra en vigor el próximo día 24 de diciembre, introduce multas y penas de prisión de seis meses a cuatro años para el delito de corrupción entre particulares, con lo que cualquiera que conceda o acepte regalos que pretendan comprar voluntades u obtener cualquier beneficio en la compra o venta de mercancías puede incurrir en delito.

Hasta ahora este comportamiento sólo estaba contemplado en el Código Penal para el cohecho clásico de funcionarios en sus dos formas, activo y pasivo. Es decir, si quien recibía el soborno era una autoridad o funcionario público.

La reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, supone la apuesta más decidida del legislador, tras las reformas del año 2003, para dar una respuesta global a conductas graves, como la corrupción en el sector privado.

Penas de prisión

En este sentido, el artículo 286 bis deja claro que "quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, empleados o colaboradores de una empresa un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros será castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación de uno a seis años y multa de hasta el triple del valor del beneficio".

Además, el artículo añade el requisito de que a esta conducta se sume el incumplimiento de las obligaciones del trabajador en la adquisición de mercancías o contratación de servicios profesionales. Y no sólo estará delinquiendo quien conceda regalos, sino que tendrá las mismas penas quien "reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza".

Según los expertos jurídicos consultados por EXPANSIÓN, esos beneficios y ventajas se refieren tanto a aquellos que son pecuniarios como a los que no implican una relación monetaria, aunque en la práctica "el 99% de las conductas penadas serán económicas".

El fiscal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, afirma que "el problema no será ofrecer o recibir un detalle, sino cuando se demuestre que lo que se busca con un regalo que supera lo socialmente aceptable es comprar voluntades para falsear la competencia".

Uno de los mayores problemas que genera este cambio legislativo es establecer dónde está el límite entre lo que es simplemente un regalo de cortesía, muy propio por ejemplo en estas fechas navideñas, o lo que puede suponer un soborno. Respecto a esto, Abraham Castro, abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, asegura que "es imposible establecer un límite general y en la práctica los jueces tendrán que valorar cada caso concreto bajo el criterio de adecuación social como ya ocurre con el cohecho entre funcionarios antes de tomar una decisión".

Pero si de algo está convencido Castro es que "en el ámbito privado los jueces van a abrir más la mano que en el sector público, porque el mismo regalo -de una cuantía determinada- si es recibido por un funcionario es intolerable y si lo acepta un empleado de una empresa privada puede considerarse sólo un detalle de cortesía". Algo que constata el Barómetro Global de la Corrupción 2010, que indica que "una de cada cuatro personas en el mundo ha sobornado alguna vez a un funcionario".

Así todo, la socia del bufete Baker & McKenzie Mar de Pedraza cree que "es fundamental que todas las empresas establezcan unos códigos internos de buenas conductas donde se especifique la cuantía máxima de los regalos o beneficios económicos que se pueden recibir". Para esta abogada penalista, "lo ideal, si tu negocio lo permite, es establecer tolerancia cero ante los obsequios de terceros, pero si esto no es posible, un buen límite sería los 100 dólares (75 euros) establecidos en el programa de Corporate Compliance de EEUU". Muchas grandes empresas españolas como Inditex, Telefónica, NH, ACS, Santander o Endesa, entre otras, no permiten dádivas que alteren el desarrollo de las actividades comerciales y algunas fijan el montante entre 100 y 150 euros (ver EXPANSIÓN del 13 de diciembre).

Política preventiva

El problema de no tener implantados códigos éticos en la empresa es que ésta también puede ser castigada por la vía penal, ya que se aplica en este caso el artículo 31 bis que especifica que "las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas". En este sentido la compañía puede ser penada con multas, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, clausura de sus locales, suspensión de sus actividades hasta por cinco años e incluso con su disolución.

Otro de los puntos relevantes es saber cómo se tramitarán las denuncias de estas malas prácticas para que lleguen a los juzgados. Para Alain Casanovas, socio del área Legal de KPMG, "es fundamental que las propias empresas establezcan mecanismos, como un canal de denuncias anónimas, porque si no, será difícil que los empleados vayan a contárselo al presidente".

La medida será también aplicable a deportistas y árbitros

El mundo del deporte también estará presente en la la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 24 de diciembre (seis meses después de su publicación en el BOE). El mismo artículo 286 bis, en este caso en el apartado 4, también refleja que todo lo dispuesto en relación a la corrupción entre particulares también será aplicable a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva (cualquiera que sea su forma jurídica) así como a deportistas, árbitros o jueces deportivos.

En este sentido serán impuestas penas de prisión de seis meses hasta cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de uno a seis años y multas económicas hasta el triple del beneficio o ventaja para aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional, como ofrecer o recibir sobornos.

(Noticia extraída de Cinco Días)

 

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domingo, 21 de noviembre de 2010

NUEVA COTIZACION DE AUTONOMOS PARA EMPRESAS QUE TENGAN MÁS DE 50 TRABAJADORES

Cambios en la cotización de los trabajadores autónomos

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 recoge nuevas medidas que afectarán a las bases de cotización de los trabajadores autónomos con el fin, no solo de aumentar las recaudaciones, sino de avanzar en la equiparación entre la aportación a la Seguridad Social durante la vida laboral y la cuantía de la prestación que se recibe tras la jubilación.

En este sentido, el Gobierno ha decidido adelantar 5 años la edad límite que tendrán los trabajadores autónomos para elegir la base de cotización de la Seguridad Social en los últimos años de actividad profesional. A partir del 1 enero de 2011, los autónomos que quieran tener acceso a las pensiones más altas cuando se jubilen deberán cotizar por las bases máximas, al menos, desde los 45 años. Los autónomos que actualmente tienen entre 45 y 49 años disponen de plazo hasta el 1 de abril de 2011 para poder cambiar su base de cotización.

Por otra parte, se establece también un cambio en las cotizaciones personales de los empresarios que tienen a más de 50 trabajadores contratados. Desde ahora no podrán cotizar por la base mínima de cotización, como venían haciendo, sino que tendrán que pagar, como mínimo, desde 840 € a más de 1.000. Este importe equivaldrá a la base mínima del Grupo 1 de cotización, en el que se incluyen los licenciados y el personal de alta dirección.



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sábado, 20 de noviembre de 2010

FW: LECTURA OBLIGATORIA PARA AUTONOMOS: Formulario para ampliar coberturas de AT y cese de actividad


PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS

Entrada en vigor de la Ley

Inicio del plazo extraordinario para ampliación de cobertura

 

 

Como sabe, el pasado 6 de noviembre ha entrado en vigor la Ley 32/2010, que establece un sistema específico de protección por cese de actividad (desempleo) de los trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección por contingencias profesionales.

 

·         En este sentido, me pongo nuevamente en contacto con usted para comunicarle que, tal y como ha indicado la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, todo trabajador autónomo que tenga concertada la cobertura de contingencia profesional a la fecha de la entrada en vigor de la ley, debe cotizar por el cese de actividad desde el día 1 de noviembre de 2010.

 

Así, a partir de este mes, la Tesorería General de la Seguridad Social actuará de oficio, sin que sea necesaria actuación alguna por parte del trabajador autónomo, girando a cada trabajador autónomo su nueva cotización que, tal y como le hemos informado en anteriores comunicaciones, se va a incrementar un 1,7% (resultante de la diferencia entre el 2,2%* - aplicable a la base de cotización del profesional autónomo- de la prestación por cese de actividad, menos la reducción prevista por la Ley del 0,5% de la cuota de cotización por la cobertura de la incapacidad temporal por contingencia común).

 

·         Asimismo, aprovecho para comunicarle que, en relación con los trabajadores autónomos que no tengan cubierta la protección por contingencias profesionales a la fecha de entrada en vigor de esta ley, y estuvieran interesados en la prestación por cese de actividad, pueden ampliar la cobertura a través del modelo de solicitud especial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Modelo TA. AT Y EP: solicitud para trabajadores de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos para la cobertura de riesgos profesionales y de la prestación por cese de actividad), desde el día 7 de noviembre de 2010 hasta el 6 de febrero de 2011, teniendo efecto desde el primer día del mes siguiente a su ampliación. Puede acceder a este documento en la Tesorería General de la Seguridad Social o descargándolo desde las Web de las mutuas de accidentes de trabajo, como http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Formulario_de_Solicitud.pdf

 

 

 

 

Esperando que esta información sea de su interés,

 



 

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lunes, 15 de noviembre de 2010

La Seguridad Social pagará a los padres de hijos con cáncer

Los padres que tengan un hijo con cáncer o alguna enfermedad grave que requiera largos ingresos hospitalarios percibirán un salario equivalente a una baja laboral temporal para poder atender al menor. Está previsto para parejas en las que trabajen ambos y el subsidio, que solo percibirá uno de ellos, será proporcional a la reducción de la jornada de trabajo, pero siempre que ese tiempo sea al menos la mitad del horario.
 
La prestación se eliminará cuando cese la necesidad de cuidar al menor de forma continua, directa y permanente o bien cuando el hijo enfermo cumpla 18 años.
 
La necesidad de permisos remunerados en estos casos de enfermedades graves era una antigua reclamación de los padres, que en algunos casos han tenido que abandonar el trabajo para acompañar al hijo de hospital en hospital, a veces, lejos de casa. El acuerdo se alcanzó por unanimidad el pasado 22 de septiembre en el Congreso, para gran contento de los afectados, pero faltaba determinar cómo se pagarían esos subsidios.
 
Los requisitos para el acceso a la nueva prestación por cuidado de hijos con enfermedad grave son los mismos que los establecidos para la maternidad contributiva: estar afiliado a la Seguridad Social y tener cubierto el periodo de cotización mínimo requerido. La gestión y el pago corresponderán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o a la Entidad Gestora con quien la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
 
La nueva prestación, que se introduce en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, modifica tanto la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) como el Estatuto de los Trabajadores.


 

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Hacienda enviará notificaciones solo por internet a partir de 2011


La Agencia Tributaria empezará a relacionarse solo por internet con las empresas que tributan por el impuesto sobre sociedades a partir de 2011. Las compañías afectadas ascienden a 1,2 millones y la medida supondrá un ahorro de 15 millones de euros.

El sudor frío que le entra a un empresario al recibir una carta certificada de Hacienda supone una imagen que dentro de unos meses formará parte de la historia. A partir de 2011, las notificaciones de la Agencia Tributaria provocarán el mismo temor pero solo se recibirán a través del correo electrónico. En este caso no es aplicable la máxima de Marshall McLuhan que asegura que el medio es el mensaje.

Un real decreto que acaba de aprobarse establece que 1,2 millones de compañías -la mayor parte son sociedades anónimas y limitadas- estarán obligadas a recibir las notificaciones de Hacienda solo por internet.

Gaspar Caballo, director del Departamento de Gestión Tributaria, explica a CincoDías como será este proceso. En los próximos meses, las compañías recibirán una carta de Hacienda, -quizás la última por correo ordinario- y se les asignará un correo electrónico que a partir de ese momento, será la única vía para recibir las notificaciones fiscales de la Agencia Tributaria.

Por cuestiones de seguridad, Hacienda no remitirá los mensajes al correo habitual de las compañías. Sino que serán las empresas las que deberán acceder a la página web de la Agencia Tributaria y allí tendrán un correo asignado.

Ello obligará a las sociedades a entrar en su buzón cada diez días, ya que este es el margen que existe desde que la Agencia Tributaria envía una notificación hasta que la empresa confirma que la ha recibido. En caso contrario, se considerará rechazada, lo que conlleva que Hacienda inicie procedimientos de apremio y aplique sanciones. Con todo, las compañías tendrán la posibilidad de activar un sistema de alerta que les avisará en caso de que la Agencia Tributaria les haya enviado una notificación a su buzón.

En cualquier caso, el proceso de asignar un correo electrónico se iniciaría en breve aunque puede demorarse más allá del año. Finalmente, los autónomos -pequeños empresarios cuyos beneficios tributan por el IRPF en lugar del impuesto sobre sociedades- no se verán afectados por la medida. Sin embargo, Hacienda no descarta que en el futuro pueda obligarse a relacionarse solo por internet a "las personas físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos".

Con todo, aquellos autónomos que aplican el régimen de devolución mensual del IVA sí que deberán acogerse a la nueva normativa. Así, a partir de enero, se les asignará un correo electrónico donde recibirán todas las notificaciones fiscales. Solo 950 autónomos se encuentran en esta situación.

En total, la Agencia Tributaria prevé que la nueva medida reducirá en 7,5 millones el conjunto de envíos postales, lo que permitirá ahorrar en torno a 15 millones de euros. Hacienda, cada año, gasta en torno a 50 millones en mandar notificaciones a los contribuyentes.

Los asesores fiscales recelan del nuevo sistema

Los asesores fiscales consideran que la medida de obligar a las empresas a comunicarse con Hacienda solo a través de internet resulta excesiva y reclaman que sea voluntario. "Se ha pasado de tratar que los contribuyentes se relacionen con la Agencia Tributaria a través de medios telemáticos a imponer de manera coercitiva que la relación sea electrónica", señala el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Su director, Luis del Amo, advierte que existe micropymes que carecen de la capacidad técnica precisa para aplicar el nuevo sistema. Por otra parte, el REAF señala que el real decreto que regulariza el nuevo sistema no aclara si será posible "que los colaboradores sociales accedan a las notificaciones".

En cualquier caso, desde la Agencia Tributaria indican que los obligados a relacionarse solo a través de internet son las empresas que declaran el impuesto sobre sociedades, tributo que se liquida ya por vía electrónica. Con todo, desde el REAF lanzan una pregunta al aire: ¿Qué ocurrirá si la entidad, o el representante de la misma, deja de tener medios telemáticos, tiene problemas de acceso a internet en zonas rurales o está de vacaciones?". Los asesores fiscales proponen que el nuevo régimen de notificaciones electrónicas se limite a las grandes empresas y sea opcional para el resto.

La Agencia Tributaria indicó a este periódico que en breve iniciará una campaña para informar a las empresas del nuevo sistema. Además del ahorro que supone para Hacienda, señalan que dificulta la picaresca de aquellas empresas que cambian de domicilio fiscal con frecuencia para, entre otros motivos, no recibir las notificaciones tributarias.

La cifra

15 millones de euros se ahorrará la Agencia Tributaria al obligar a las empresas a relacionarse con Hacienda solo a través de internet.

(Noticia extraída de Cinco Días)
 

martes, 19 de octubre de 2010

LEER: PARA LOS CONTRATOS INDEFINIDOS Y LAS CONVERSIONES EN INDEFINIDOS

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Artículo 10. Bonificaciones de cuotas por la contratación indefinida.

1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, con especiales problemas de empleabilidad, inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 800 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes que lleven inscritos como desempleados al menos doce meses y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.000 euros o su equivalente diario.

2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo durante al menos doce meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 1.200 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.400 euros o su equivalente diario.

3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 700 euros o, en su caso, por su equivalente diario.

4. Será requisito imprescindible para que puedan aplicarse las bonificaciones establecidas en este artículo que las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.

Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación o transformación. Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o durante el periodo de prueba.

5. Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación indefinida o transformación bonificada.

No se considerará incumplida dicha obligación si se producen extinciones de contratos indefinidos en dicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o durante el periodo de prueba.

En el supuesto de producirse extinciones de contratos indefinidos por otras causas y cuando ello suponga disminución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a cubrir dichas vacantes en el mes siguiente a que se produzcan mediante la contratación de nuevos trabajadores con contrato indefinido o la transformación de contratos temporales o formativos en indefinidos, con la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extinguido, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

El incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones establecidas en este apartado dará lugar al reintegro de las bonificaciones, de acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente.

6. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección I del Capítulo I y en la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones en su artículo 6.2.

7. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional.

 

Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Contrato para el fomento de la contratación indefinida. (Según Ley 35/2010 y Real Decreto-ley 10/2010)

1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.

2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:

a.       Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:

o        Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.

o        Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

o        Mayores de cuarenta y cinco años de edad.

o        Personas con discapacidad.

o        Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.

o        Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos.

o        Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.

b.       Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

c.       Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos de fomento de la contratación indefinida de los contratos de duración determinada o temporales en los supuestos a que se refieren las letras b) y c), una vez transcurrido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, a contar desde la fecha de la transformación.

3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.

El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.

4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión.

Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en este apartado.

5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios por causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de trabajo afectado por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores.

 


Cordialmente, Antonio Cánovas Gómez
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domingo, 3 de octubre de 2010

Modificaciones en las cotizaciones para autónomos 2011

 
 
Los Presupuestos de 2011 establecen un cambio en las cotizaciones personales de los empresarios que tienen más de 50 trabajadores contratados. Estos no podrán, como hasta ahora, cotizar por la base mínima de cotización, sino que tendrán que hacerlo, al menos, por unos 1.000 euros. Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, "no tiene mucho sentido" que un empresario que tiene más de medio centenar de empleados -algunos con bases de cotización altas- coticen personalmente la mínima cantidad posible.

Los autónomos que quieran cobrar una pensión máxima o, al menos una de las más altas, cuando se jubilen lo van a tener más difícil. Hasta ahora, si un trabajador por cuenta propia quería disfrutar de una pensión alta al jubilarse tenía que aumentar su base de cotización al cumplir los 50 años o antes. Desde el 1 de enero tendrá que hacerlo a los 45, de lo contrario perderá la oportunidad de percibir una pensión máxima.

Lo que sí ha hecho la Seguridad Social es dar hasta el 1 de abril de 2011 a los autónomos de 45 a 49 años que quieran optar a la pensión máxima.
 
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    CORDIALMENTE, ANTONIO CÁNOVAS GÓMEZ

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    miércoles, 29 de septiembre de 2010

    Fw: NOTA PARA DESPIDOS OBJETIVOS DESDE 18/06/2010

     

    Artículo 3. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

    La disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada como sigue:

    «Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

    1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.



    2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:

    a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:


    Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.

    Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.


    Mayores de cuarenta y cinco años de edad.


    Personas con discapacidad.


    Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.


    Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos.


    Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.

    b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.



    c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

    Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos de fomento de la contratación indefinida de los contratos de duración determinada o temporales en los supuestos a que se refieren las letras b) y c), una vez transcurrido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, a contar desde la fecha de la transformación.


    3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.


    El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.



    4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.


    Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión.


    Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en este apartado.


    5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios por causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de trabajo afectado por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.


    Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores.

    NOTA PARA DESPIDOS OBJETIVOS DESDE 18/06/2010

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    LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

    Artículo 3. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

    La disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada como sigue:

    «Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.

    1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleados sujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.



    2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:

    a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:


    Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.

    Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.


    Mayores de cuarenta y cinco años de edad.


    Personas con discapacidad.


    Parados que lleven, al menos, un mes inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.


    Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos formativos.


    Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.

    b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.



    c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

    Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos de fomento de la contratación indefinida de los contratos de duración determinada o temporales en los supuestos a que se refieren las letras b) y c), una vez transcurrido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, a contar desde la fecha de la transformación.


    3. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que se establezca.


    El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.



    4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuantía de la indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.


    Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión.


    Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en este apartado.


    5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios por causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de trabajo afectado por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.


    Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores.

    miércoles, 22 de septiembre de 2010

    CAMBIO BASE COTIZACIÓN AUTÓNOMOS A LO LARGO DEL AÑO

    Boletín Boletín Oficial del Estado. Número 230 de 22 de Septiembre de 2010 
    Sección I. DISPOSICIONES GENERALES 
    Órgano emisor MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
    Número de disposición TIN/2445/2010 
    Fecha de disposición 16 de Septiembre de 2010 
    Tipo de norma ORDEN 

    El Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el  Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por una parte, en su artículo 43.2 establece que las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos podrán modificar su base de cotización con posterioridad por elección de otra entre las establecidas, dentro de los límites y en los términos y condiciones que se señalen en las normas de aplicación y desarrollo de dicho reglamento y, por otra parte, en su disposición final única faculta al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones de carácter general resulten necesarias para la aplicación de ese reglamento.

    En ese sentido, la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el apartado 1 de su artículo 26, sobre cambios posteriores de base de cotización, según la nueva redacción dada al mismo por la  Orden TAS/3553/2007, de 30 de noviembre, establece que las personas incluidas en el campo de aplicación de ese régimen especial podrán cambiar con carácter voluntario dos veces al año la base por la que viniesen obligadas a cotizar, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y máximo aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten de la Tesorería General de la Seguridad Social antes del día 1 de abril, con efectos del 1 de julio siguiente, y antes del 1 de octubre, con efectos del 1 de enero del año siguiente.

    A su vez, el apartado 3 de ese artículo 26 de la citada Orden de 24 de septiembre de 1970, conforme a la redacción dada también por la Orden de 30 de noviembre de 2007, en su tercer y último párrafo, al regular las opciones por el incremento automático de las bases de cotización en dicho régimen especial de la Seguridad Social y en igual porcentaje en que se aumenten las bases máximas de cotización del mismo, establece que las opciones que al respecto se ejerciten antes del 1 de octubre de cada año tendrán efectos desde el 1 de enero del año siguiente y que la renuncia a ellas podrá realizarse en el mismo plazo y tendrá efectividad a partir del 31 de diciembre del año en que se presente la solicitud.

    La finalidad básica de la reforma del artículo 26 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, operada por la citada Orden de 30 de noviembre de 2007, fue la de posibilitar que los trabajadores autónomos incluidos en el mencionado régimen especial de la Seguridad Social pudieren modificar voluntariamente sus bases de cotización dos veces al año, en los términos y condiciones que señala su actual apartado 1, en lugar de una sola vez al año como establecía la anterior redacción de dicho precepto, con lo que se dio debida respuesta a las demandas formuladas al respecto por los colectivos de tales trabajadores autónomos y así lo permitían los medios técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

    No obstante, mediante esta nueva orden se avanza en la línea o directriz de facilitar tales cambios voluntarios de base de cotización de los trabajadores autónomos encuadrados en el referido régimen especial, dos veces al año, ampliando a tal fin los plazos para la formulación de las solicitudes al respecto de los mismos, antes del 1 de mayo, para surtir efectos el 1 de julio, y antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente, habida cuenta de que ello resulta factible en función de los actuales medios que para su gestión dispone la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que se lleva a cabo a través de la modificación en tal sentido del repetido apartado 1 del artículo 26 de la Orden de 24 de septiembre de 1970.

    En base a lo anterior, y por similares razones, se modifica igualmente el apartado 3 de dicho artículo 26 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 a efectos de ampliar en idéntico sentido el plazo establecido en su tercer y último párrafo para ejercitar las opciones por el incremento automático de las bases de cotización y las renuncias a las mismas en el marco de este régimen especial de la Seguridad Social.

    Esta orden se dicta al amparo de las atribuciones conferidas por la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el  Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

    En virtud de cuanto antecede, dispongo:

    Artículo único. Modificación de la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

    Los apartados 1 y 3 del artículo 26 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, quedan redactados en los siguientes términos:

    «1. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este régimen especial podrán cambiar dos veces al año la base por la que viniesen obligadas a cotizar, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y máximo aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten de la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 1 de mayo, con efectos del 1 de julio siguiente, y antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente

    «3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, los trabajadores por cuenta propia o autónomos que estén cotizando por cualquiera de las bases máximas de este régimen especial podrán solicitar que, mientras mantengan su situación de alta en dicho régimen, su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se aumenten dichas bases máximas.

    Asimismo, los trabajadores por cuenta propia o autónomos que no estén cotizando por cualquiera de las bases máximas podrán solicitar que, mientras mantengan su situación de alta, su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se aumenten las bases máximas de cotización de este régimen especial. En ningún caso, la base de cotización elegida podrá ser superior al tope máximo de cotización que pudiera afectar al trabajador.

    Cualquiera de las opciones anteriores que se ejerciten simultáneamente con el alta en este régimen especial o, posteriormente al alta, antes del día primero de noviembre de cada año, tendrán efectos desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de la solicitud. La renuncia a estas opciones podrá realizarse en el mismo plazo y tendrá efectos a partir del 31 de diciembre del año en el que se presente la solicitud.»

    Disposición final única. Entrada en vigor.

    La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

    Madrid, 16 de septiembre de 2010.–El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho Chaves.